Por: Dexy García (*)

La dictadura de la SIP se ha manifestado en hechos concretos
Para la catedrática Olga Dragnic, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) nació usurpando una iniciativa de los periodistas latinoamericanos. “Esta idea nunca se consolidó como la habían planteado los periodistas, sino que fue asumida por los dueños de los medios impresos del continente”.

Explica la docente que la SIP fue concebida por los periodistas como una organización sin fines de lucro, “ la mayoría de los medios impresos fueron producto de la iniciativa e inquietudes de periodistas y escritores, casi todos bohemios, nada interesados en el lucro, todos ellos esperaban incluir algunas medidas en el desarrollo de las sociedades, pero no se ocuparon de su funcionamiento desde el punto de vista financiero, así que los dueños se apoderaron de la idea y conformaron la SIP que conocemos hoy”.

Desde sus inicios en los años cincuenta, la SIP tuvo marcadas inclinaciones por asociarse a empresas de comunicación de Estados Unidos. Afirma Dragnic que en sus primeros años de funcionamiento llegó a afiliar cuatro diarios de segunda categoría de ese país. Hoy del total de 2 mil socios que agrupa esa organización, más de 900 son de procedencia norteamericana.

Al respecto, Dragnic señala que la creciente participación de medios norteamericanos en la SIP, ha multiplicado las áreas de influencia, y ha ido incrementando sus acciones fiscalizadoras, “para transformarse en una especie de tribunal inquisitorial, que envía a la hoguera simbólica, y a veces no tan simbólica, a gobiernos, medios, instituciones, iniciativas y organizaciones gremiales de los periodistas que no comparten sus puntos de vista”, indicó.

La SIP y su historial antidemocrático
“Del abundante historial de su posición antidemocrática mencionaremos solo dos: su rechazo a la iniciativa de la UNESCO para establecer un nuevo orden mundial de la comunicación e información y en segundo lugar, su férrea oposición a la ley de colegiación de periodistas venezolanos, a la que definió como la sindicalización obligatoria de los periodistas”.

Estas son las reacciones más recientes de los dueños de medios agrupados en la SIP, que tuvieron carácter vinculante a nivel regional. Para Dragnic, con esta postura se comprueba la profunda contradicción entre los postulados que norman el ejercicio de la comunicación social en una sociedad democrática y los esquemas doctrinarios que prevalecen en los objetivos de la SIP.

La docente citó la Declaración de Chapultepec, emanada del seno de la SIP en su reunión del año 2007 en México. “En el punto 9 dice lo siguiente: la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, imparcialidad, equidad y clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales, luego de estos fines, los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos, son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios”.

Dragnic manifestó no estar de acuerdo con todo lo que expresa ese planteamiento, pues a su juicio habría que precisar que la responsabilidad social no sólo significa la credibilidad que un medio pueda tener o no, en una sociedad.

“Las consecuencias de un proceso comunicacional que viola las normas éticas no se resuelve con un castigo, entre comillas por parte del público, los contenidos de los medios no pueden valorarse como mercancía”, ya que la comunicación social es un servicio cuyo proceso de restricción por parte de los usuarios genera diversos y profundos efectos positivos, pero también puede perturbar la paz y el sano y democrático desenvolvimiento de amplios sectores sociales”, aseveró.

“Jamás, en el seno de esa organización, se intentó ni la más elemental evaluación de los contenidos que, esas empresas periodísticas, ofrecen a diario a millones de lectores, sus preocupaciones son de otra índole”. Para esta estudiosa de la comunicación, la obsesión de la SIP es la libertad de expresión, a la que concibe como el derecho de informar y estar informado como propiedad exclusiva de los empresarios. En tal sentido, resaltó que la libertad de expresión es mucho más que el derecho a publicar las noticias y las opiniones de las personas que tienen acceso a los espacios de esos medios.

El terrorismo mediático produce víctimas reales
Freddy Fernández, actual director de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), lamenta que el terrorismo mediático genere víctimas reales, “si no fuera por las perdidas humanas de todos estos años, uno podría agradecer el rápido y profundo aprendizaje sobre el comportamiento de los medios de comunicación en Venezuela, lamentablemente el terrorismo mediático produce víctimas reales”.

Para este comunicador social, la libertad de expresión suena muy bien en términos de derechos humanos, “pero la verdad es que se ha convertido en una libertad muy cara, es decir, hay que ser propietario de un medio de comunicación para poder expresarse libremente tal como lo pretende la SIP”, señaló.

En palabras de Fernández, con ese principio de la SIP la mayoría de los latinoamericanos queda fuera de cualquier posibilidad de expresar libremente sus opiniones, y eso es una realidad que se puede constatar todos los días.

Fernández hace un llamado a sus colegas para que se integren y cambien la forma de operar de los medios, “seguimos actuando como si estuviéramos en los medios de comunicación de hace quince años, y creo que hace falta articulación de los periodistas de todo el continente para que nuestra visión ética del ejercicio de nuestra profesión prevalezca por encima de esta campaña que intenta confrontan a nuestros pueblos”, afirmó.

Finalmente expresó lo que para él significa terrorismo mediático, “es el asesinato del periodismo y su sustitución por la propaganda dirigida a perpetuar el dominio del imperio, económico, cultural y militar”.

El poder comunicacional en cifras
Los pueblos enfrentan el aparataje ideológico y cultural de las grandes empresas, con acciones de terrorismo mediático orientadas a sembrar dudas y temor, tal como lo afirma el presidente del Canal del Estado, Yuri Pimentel, quien señala que durante la campaña de la reforma constitucional estas acciones cumplieron sus objetivos en algunos sectores de la población.

Para Pimentel el monopolio de la comunicación debe ser estudiado y recordado a diario para poder entender que se trata de una lucha con un enemigo poderoso y organizado. Al respecto afirmó que el 85 por ciento de los contenidos a los que tienen acceso la población del planeta están en manos del complejo financiero de EEUU, y la mayoría de los productos que, supuestamente, son hechos en nuestros países, repiten las mismas fórmulas de amplificar los valores capitalistas y consumistas, al tiempo que repiten sus posiciones ideológicas.

Explicó Pimentel que la producción cinematográfica mundial está controlada por ocho estudios cinematográficos de Hollywood, cuatro grandes corporaciones, todas de EEUU y el 85 por ciento del mercado mundial de la producción de discos, se reparte entre diez mega corporaciones mediáticas que poseen los grandes medios de reinformación. Quienes adquirieron estos medios tienen cuotas de poder que no provienen de la soberanía popular, sino de la relación entre los medios y las grandes corporaciones financieras: industrias automovilísticas, petroleras, etcétera.

También refirió que en América Latina las grandes empresas de la comunicación están lideradas por los grupos O globo en Brasil, Televisa en México, Clarín en Argentina, entre otros.


(*) dgarcia@minci.gob.ve