El diálogo convocado por el vicepresidente de Bolivia y titular del Congreso de ese país, Álvaro García Linera, realizado este miércoles con la participación de tres fuerzas políticas, representantes de países amigos, organizaciones internacionales y la Iglesia Católica, tuvo sus primeros avances y se alcanzaron los primeros acuerdos.

En ese sentido, la mesa de concertación nacional acordó sentar las bases para un pacto fiscal y el inicio de un trabajo para la revisión del texto constitucional a cargo del Congreso; todo ello en ausencia de cinco prefectos y la agrupación opositora Podemos, que se negaron a intervenir.

Las decisiones fueron tomadas en una reunión a la que asistieron los prefectos de La Paz (oeste), Potosí (suroeste), Oruro (suroeste) y Chuquisaca (sur), tres importantes fuerzas políticas del Congreso, con la mediación de la Iglesia Católica, representada por el Monseñor Jesús Juárez y la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo abanderado fue Raúl Alconada.

En calidad de observadores internacionales participaron el embajador de Argentina, Horacio Antonio Macedo, el embajador de Brasil, Frederico Cezar de Araujo y la encargada de negocios de la Embajada de Colombia, Adriana Arbelaez Lozano.

Destacaron por su ausencia el partido opositor de derecha Podemos y los gobernadores de la llamada "media luna ampliada" conformada por Pando (noreste), Beni (noreste), Santa Cruz (este), Tarija (sureste) y Cochabamba (sureste).

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, pidió a los prefectos ausentes que reflexionaran sobre su postura y que decidieran acudir a estas jornadas, pues su presencia es importante para lograr un proyecto de paz nacional consensuado.

"Se trata de una discusión que trata de estructurar todo un proyecto de país, de regiones, que tienen que ser compatibilizados y eso tomará cierto tiempo y un trabajo técnico", agregó.

La revisión del texto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que estará a cargo del Congreso, consistirá según el documento final, en el inicio de un trabajo que permita generar un proyecto de Carta Magna consensuado.

"Apoyar el desempeño del Congreso como escenario de acuerdos, correcciones y compatibilizaciones para lograr el proyecto de una nueva constitución política del Estado de consenso", reza el punto tres del escrito.

La CPE, aprobada en diciembre de 2007 por la Asamblea Constituyente, que tuvo que permanecer varios meses en receso por manifestaciones violentas contra sus miembros, ha sido la semilla de la discordia pues la oposición argumenta que no incluye las autonomías y sólo representa a la mitad del país.

No obstante, el Gobierno alude que las autonomías si están incluidas pero que están orientadas al bienestar social de todos los bolivianos y no a intereses económicos particulares.

Además los asistentes acordaron: "Sentar las bases de un pacto fiscal destinado a definir una manera de cómo se utilizarán los recursos que genera el Estado, especialmente por la explotación y comercialización de los recursos naturales de acuerdo a los parámetros que pueda acordar esta mesa de diálogo".

Al término de la jornada, Juárez, quien leyó el acuerdo, adelantó que el próximo encuentro por la reconciliación nacional quedó fijado para el lunes 9 de junio.

Protestas contra consultas

Entre tanto, representantes de tres cantones y 40 comunidades del municipio Filadelfia, en el departamento de Pando, acordaron este miércoles por unanimidad iniciar un bloqueo de vías a las 00H00 horas del jueves y la quema de urnas de votación el 1º de junio como rechazo al estatuto autonómico que impulsa el prefecto Leopoldo Fernández y el Comité Cívico.

La determinación fue asumida después de haber realizado una detallada revisión al estatuto autonómico que se pretende aprobar y se llegó a la conclusión de que "excluye y profundiza la división en el departamento".

El 1º de junio los departamentos Pando y Beni celebrarán una consulta para aprobar sus respectivos estatutos autonómicos de corte separatista, al igual que lo hizo Santa Cruz, el pasado 4 de mayo.

El 24 de junio le tocará el turno a Tarija.

Ninguna de estos procesos cuentan con la autorización de la Corte Nacional Electoral (CNE), máximo ente comicial del país andino y que debe organizar cualquier votación, ni por el Congreso, que debería haber aprobado la ley de convocatoria.

Por estas razones, el Ejecutivo ha tomado estos "referendos" como simples encuestas, por su carácter ilegal e inconstitucional.