Cerca de 120 mil unidades del transporte público en Venezuela, tienen más de 20 años de trabajo ininterrumpido, y su inminente renovación será posible gracias a las mesas de diálogo entre el ejecutivo nacional y los transportistas.

Víctor Matute, presidente de Fontur, acompañado de José Luis Trosel, secretario general de la Central Única de Venezuela, y otros representantes, explicaron los avances logrados en la mesa de renovación de flota, luego de tres encuentros de discusiones e intercambio de ideas.

Matute dijo, que las conversaciones están dentro del cronograma y para finales del mes de julio se espera tener el documento de la normativa totalmente listo, con las reglas de juego que regirán el proceso de renovación.

Igualmente, se aprobó un segundo documento, que será revisado por la base de los conductores, en el que se especifican las características y tipo de unidades a ser reemplazados. “Lo entregamos y será revisado por ellos, y el jueves, a las 3:00 pm. estaremos aquí para discutir este tema”.

Matute destacó la importancia de esta renovación del parque automotor de transporte público, que contará con la posible importación masiva de vehículos desde Brasil u otro país, por parte del Ejecutivo Nacional, para luego hacer las negociaciones solidarias con los transportistas para financiamiento.

“Hacemos esfuerzo de llevar aceleradamente este trabajo, para tener el informe y cuantificar los recursos necesarios para que el Estado lleve a cabo esta sustitución del parque automotor”.

Desaparecer completamente los vehículos viejos desincorporados:

Por su parte, José Luis Trosel, de la Central única de Transportistas, reconoció el avance de las conversaciones iniciadas con la solicitud a la Vicepresidencia de la República, y que se han materializado en forma consensuada a los largo de las últimas semanas.

Dijo que las quejas planteadas sobre el deterioro de las unidades han sido válidas y reconocidas por el Estado, por lo que consideró fundamentales los aportes de los conductores.

Planteó Trosel la necesidad de que una vez decidida la normativa, las unidades viejas que sean sustituidas sean eliminadas física y jurídicamente, esto es, que desaparezcan de los registros y la chatarra no vuelva a las calles.

“Ha habido receptividad del gobierno central. Nosotros estamos colaborando y aportando. Las quejas de hace muchos años las estamos vertiendo en las diversas mesas de diálogo en las que trabajamos conjuntamente y estamos en este proceso”.