En las parroquias Cachamay, Unare y Universidad, en donde existen ocho mil establecimientos aproximadamente, se iniciará este "levantamiento de información empresarial", y se tiene previsto que para el año entrante se extienda por todo el territorio nacional.

Espinoza dijo que el Ministerio tiene como objetivo específico verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) en cada una de las empresas encuestadas, es decir "constatar que las obligaciones patronales se estén cumpliendo, y que los programas de alimentación, guardería y cada uno de los que aparece en la legislación laboral, así como el horario de trabajo y salario mínimo no estén siendo menoscabados".

Explicó que el Estado tiene "múltiples" registros a través de sus diversas instituciones y "lo que se quiere establecer es un registro empresarial común". Mencionó que además de la cartera laboral participan otros organismos del Estado como el Seniat, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Instituto Nacional de Capacitación Educativa (INCE), el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inspsasel) y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

De acuerdo con el Director General de Seguridad Social, el propósito de esta actividad es obtener datos generales de las empresas así como información de interés correspondientes con las instituciones que participarán en el censo, relacionadas con la seguridad social, los derechos laborales y con el cumplimiento de los derechos tributarios.

La ayuda empresarial es necesaria

Iván Espinoza manifestó que esta es la primera actualización que se hace en el Ministerio del Trabajo y "permitirá al Estado definir políticas públicas sobre la base de una mejor información empresarial".

Es por ello que se hace un llamado a los empresarios para que suministren "correctamente" toda la información que se les solicite, pues "en la medida en que ellos proporcionen información falsa el Gobierno Nacional no podrá aplicar medidas acertadas". Afirmó que "sin la ayuda del empresario no será posible que se cumpla con efectividad este operativo".

Hizo hincapié en que si el Estado no conoce el número de empresas que hay en cada región, el tipo de actividad que desarrolla cada una o el número de trabajadores existente en los establecimientos las políticas a tomar serán erradas y las consecuencias pueden ser contraproducentes.

En este sentido, el economista aclaró que la información que suministren los patronos se cotejará con la que está registrada en los archivos de los organismos participantes: "tiene que haber una comparación para poder actualizar los datos".

Mencionó que aunque "este operativo no tiene la rigurosidad del censo económico o de la encuesta industrial", la Ley de Estadística y el Código Tributario obliga al patrono a facilitar información de "tipo general".

El INE ofrece apoyo técnico

El funcionario del Ministerio del Trabajo explicó que habrá 120 "comisionados especiales" (encuestadores) y 30 supervisores, cuya tarea será la de verificar si las informaciones ofrecidas por los empresarios son verdaderas. Por ello se les impartirá un curso de inducción a cargo de los técnicos del INE "por ser los más capacitados en el área".

El economista resaltó que el curso de inducción permitirá conocer a los comisionados especiales los procesos y documentos ligados a la información que se recogerá, como por ejemplo la solvencia que entrega el Seguro Social o el talón que entrega el Seniat con el número del Rif.

Detalló que el curso para los supervisores se realizó la semana pasada y lo dictó el personal del INE; entre tanto, el de los encuestadores comienza hoy lunes y los encargados de la preparación de estos serán los mismos supervisores.

Iván Espinoza reiteró que la información recabada será de "gran importancia", puesto que se traducirá en un elemento de previsión para que el Estado pueda conocer las demandas de los empresarios.